El magistrado Del Moral y el catedrático Silva analizan la figura del ‘compliance officer’ en UIC Barcelona

21/09/18
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Han abordado la posible imputación de directivos y compliance officers ante una eventual responsabilidad penal corporativa.

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Antonio del Moral, el Dr. José R. Agustina y el catedrático de Derecho penal de la UPF, Jesús-María Silva

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Antonio del Moral y el catedrático de Derecho penal de la UPF Jesús-María Silva han participado en el II Foro de debate sobre compliance y gobierno corporativo organizado el 17 de septiembre por la Facultad de Derecho de UIC Barcelona.

El encuentro, dirigido por el director del Máster Universitario en Ciberdelincuencia y abogado penalista en Molins Defensa Penal, José Ramón Agustina, ha reunido a más de 150 expertos en el Campus Barcelona. Profesionales del sector que han analizado la figura del compliance officer, su imputación penal y la de directivos de empresas, así como los límites a la hora de asumir responsabilidades.

En este sentido, Silva ha sostenido que “un administrador de empresa responde de aquellos hechos de los que puede ser considerado autor directo” y ha señalado que la autoría mediata es bastante “improbable”. Respecto a la figura del compliance officer, el catedrático ha considerado que en España la figura del vigilante y supervisor del cumplimiento normativo no se puede equiparar a la del derecho anglosajón y que “tampoco parece que la organización de la empresa en España se haya basado en la noción del ‘compliance officer’”. Silva ha destacado que en Estados Unidos se trataría de un directivo perteneciente a la alta dirección mientras que “en el ordenamiento jurídico español no parece que se esté configurando de esta manera”.

Por su parte, el magistrado Del Moral ha sostenido que para los directivos no ha cambiado nada y que, en línea con la reflexión de Silva, los responsables del ilícito penal son aquellos que lo hayan cometido. También ha destacado que “en derecho penal hay que levantar siempre el velo”, con independencia de que ahora también las personas jurídicas puedan y deban asumir responsabilidades penales.