El postgrado en compliance y ciberseguridad que imparten de manera conjunta la UIC y Molins, defensa penal, responde a las necesidades planteadas tras la introducción en el Código Penal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, más concretamente, en el marco de su regulación, la introducción de una figura hasta ahora desconocida en nuestro ordenamiento: los modelos de prevención de delitos (en adelante MPD) o compliance programs. Junto a este nuevo escenario jurídico penal, el papel protagónico de la tecnología en el desarrollo de la actividad societaria y concretamente en el ámbito de la prevención de delitos juega un papel fundamental para el que los asesores jurídicos y compliance officers deben estar preparados, por lo que resulta indispensable una adecuada formación en materia de ciberseguridad en las empresas.

La responsabilidad penal de las empresas y, en concreto, la formación en MPD son ya una materia consolidada en la oferta académica del panorama universitario de nuestro país. Si bien en la actualidad existen diversas ofertas formativas en materia de compliance, este curso presencial altamente especializado ofrece un programa intensivo de la mano de reconocidos y prestigiosos expertos en la materia, en el que se aunaran los conocimientos imprescindibles en materia de derecho penal económico y de la empresa junto con las particularidades de la nueva regulación en el ámbito de la responsabilidad penal corporativa.

Ell primer módulo del postgrado estará dedicado al estudio teórico-práctico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance penal:

El 1 de julio de 2015 entró en vigor la LO 1/2015, de reforma del Código Penal. Entre otras cuestiones, esta ley afectó profundamente la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ya desde el 2010 las empresas podían ser penadas por los delitos cometidos en su beneficio directo o indirecto por sus directivos o por un empleado sobre el que no se hubiera ejercido el debido control. Sin embargo, con la regulación vigente se detalla lo que ha de entenderse por “debido control” y se especifica que la empresa que haya implantado de modo eficaz un modelo de prevención de delitos o compliance program con anterioridad al delito puede llegar a quedar eximida de toda responsabilidad penal.

En consecuencia, es fundamental que quienes ocupan posiciones de responsabilidad y/o asesoría jurídica en la empresa conozcan el alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y sean conscientes de que se puede evitar de raíz la responsabilidad de la entidad mediante la implementación eficaz de un MPD. Este MPD se orienta al diseño e implantación de sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en el seno de la organización. Además, en este proceso de diseño e implantación de un MPD —que en todo caso debe adecuarse al sector de actividad y singularidades de cada empresa— es clave la figura del compliance officer. La formación personal de quien ocupe dicho cargo, así como la comunicación y colaboración con este por parte de quienes desempeñan funciones de responsabilidad en el organigrama empresarial, resultarán decisivas a la hora de depurar no solo la posible responsabilidad penal corporativa, sino también la responsabilidad personal de los distintos intervinientes.

El compliance officer es el órgano encargado de supervisar la efectiva implementación del MPD. Es el responsable del cumplimiento del marco regulador y jurídico-penal que afecta a las empresas. Se trata de un cargo que podrá ejercerse tanto por personas físicas individuales como por órganos colegiados o, incluso, por abogados o bufetes externos que sean contratados para esta función.

El protagonismo que la nueva reforma del Código Penal ha conferido al compliance officer como garante de la legalidad empresarial ha propiciado que se haya convertido en un perfil profesional que el mercado necesita de forma inmediata, y para el que se exige un alto nivel de profesionalización. La experiencia comparada señala la tendencia que ahora se inicia en nuestro país. Así ha ocurrido en otros países, como Estados Unidos, donde la formación en compliance es un itinerario opcional dentro de la propia carrera de Derecho. En Europa, países como Italia o Alemania ofrecen la formación en compliance a nivel de posgrado.