El Tribunal Constitucional ha dictado recientemente una sentencia en la que declara inconstitucionales varios puntos del Real Decreto-Ley 3/2016. Esta decisión es fruto de una investigación realizada en UIC Barcelona, dirigida por el profesor de la Facultad de Derecho y director de la Cátedra de Empresa Familiar Bosch i Aymerich, Jordi de Juan, cuyos estudios han sentado las bases argumentales ahora acogidas por el Tribunal Constitucional. La aplicación práctica de esta investigación jurídica fue asumida por el propio profesor mediante la defensa jurídica de este tema ante el Tribunal Constitucional.

El Tribunal ha considerado que las medidas fiscales adoptadas, entre las que se encuentran la limitación a las compensaciones de pérdidas o a la deducción por doble imposición, y la reversión fiscal de cartera deteriorada en el Impuesto sobre Sociedades, vulneran el artículo 86 de la Constitución, en la medida en que su regulación por Decreto-ley afecta el deber de contribuir al sostenimiento del gasto público. “Esta decisión supone un varapalo para las arcas públicas, que los especialistas han cifrado con un importe de más de 5.000 millones de euros en ahorro fiscal y devoluciones”, afirma De Juan. 

El estudio sistemático sobre esta problemática fiscal, que ha dado lugar a la sentencia, se debe a diversos artículos científicos publicados en revistas académicas. Entre ellos destaca “La impermeabilización del Impuesto sobre Sociedades al Decreto-Ley: la dudosa constitucionalidad del Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre”, publicado en la revista Nueva Fiscalidad, y “La controvertida utilización del Decreto Ley en materia tributaria”, publicado en la Revista Española de Derecho Constitucional.

Ante esta decisión, el Dr. De Juan ha mostrado su satisfacción por el fallo, siendo muy crítico ante el uso abusivo del Real Decreto-Ley, al “pervertir el principio de legalidad tributaria”. Asimismo, ha mostrado su rechazo a la limitación de efectos sentada en la sentencia, al considerar que “carece de base legal en nuestra jurisdicción constitucional”.

“Esta resolución judicial es un buen paradigma de la colaboración y diálogo que debe existir entre la universidad y la sociedad civil, entre investigación básica e investigación aplicada, en el que la universidad investiga y la sociedad aplica la investigación liderada”, concluye el experto.