11/11/2020

Las políticas de infancia en la Unión Europea a debate en el seminario internacional del IESF

Distintos expertos en políticas familiares analizaron el impacto normativo y evaluaron la articulación de las políticas de infancia de Europa en Cataluña.

El pasado viernes 23 de octubre se celebró el Seminario Internacional “Las políticas sociales de infancia y familia. Evaluación del impacto normativo: de Europa a Cataluña”, una sesión virtual que fue organizada por el Instituto de Estudios Superiores de la Familia y la Childcare and Family Policies Chair, una iniciativa que cuenta con la colaboración de la Fundación Joaquim Molins Figueras, y también por el proyecto de investigación “Evaluación del proceso normativo en la Unión Europea y en España ante los nuevos retos sociales del Estado de Derecho” (DER2016-76325-R), financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
 
El seminario tenía como objetivo evaluar los resultados sobre el grado de cumplimiento y aplicación de la Convención de los Derechos del Niño (1989), así como de la articulación de políticas de infancia en la Unión Europea. En este sentido, distintos ponentes especialistas en políticas familiares fueron invitados para exponer sus argumentos frente a esta cuestión de viva actualidad. 
 
El acto fue iniciado y presentado por Montserrat Gas, directora del IESF, quien mencionó el proyecto de investigación conjunto (“Evaluación del proceso normativo en la Unión Europea y en España ante los nuevos retos sociales del Estado de Derecho”) de la Universidad de Padua, el Instituto de Estudios Superiores de UIC Barcelona (a través de la Chilcare Family Policies Chair) y el Departamento de Derecho Público de la Universidad de Girona, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 
 
La ronda de ponencias empezó con la Dra. M.ª Jesús Larios, adjunta al Síndic de Greuges de Catalunya, quien resaltó en su intervención, por un lado, el problema de la pobreza infantil, y por el otro, la migración de niños no acompañados. Ante este contexto, Larios argumentó que “estos dos aspectos son problemas no resueltos y agudizados durante la pandemia” y que “deberían ser objeto de políticas públicas de modo prioritario” sin perder de vista que el bienestar del menor es responsabilidad prioritaria de los padres. Sin embargo, añadió que “es preciso que el Gobierno promueva políticas necesarias”.
 
Siguiendo en la misma línea, la Dra. Aida Kisunaite, investigadora en el Departamento de Ciencias Políticas, Derecho y Estudios Internacionales de la Universidad de Padua, argumentó durante su ponencia que “ninguna política pública es neutral”. Es por eso por lo que “es preciso fomentar una reflexión responsable en el legislador que considere de modo transversal la situación del menor en las medidas que se adopten a todos los niveles”. Sin embargo, Kisunaite puso de manifiesto que, a día de hoy, también existen marcos teóricos menos exigentes que pasan por encima de los temas claves como la pobreza o la exclusión social de los niños y adolescentes. 
 
Marc Grau, investigador de la Cátedra Childcare and Family Policies de UIC Barcelona, profundizó y reflexionó sobre las políticas de infancia no tanto a nivel europeo sino en el territorio español y catalán, comparándolas entre sí. En este sentido, el investigador argumentó que “en ocasiones predomina la visión a corto plazo y la fragmentación de las medidas de políticas sociales de infancia, circunstancias que actúan como freno en su efectiva implementación”.
 
Por su parte, la Dra. Dolors Canals, profesora titular de Derecho Administrativo de la UDG, hizo hincapié y habló sobre la evaluación del impacto normativo como herramienta efectiva de las políticas sociales. Durante su ponencia, destacó la importancia del desarrollo de la evaluación del impacto normativo, “algo que todavía debe desarrollarse, ya que la cuestión del menor no es un tema únicamente transversal”. 
 
En última instancia, intervino Paula Ortí, jefa del Área de Mejora de la Regulación de la Generalitat de Catalunya. Con su ponencia titulada “El impacto normativo de carácter social en Cataluña: infancia y juventud”, puso de manifiesto que desde el año 2008 se instauró una clara mentalidad de evaluación de impacto económico. Aun así, Ortí señaló que “no fue hasta el año 2011 cuando se amplió esta evaluación de impacto hacia una visión más integral que incluía aspectos tanto económicos, como sociales y medioambientales”.  
 
El seminario internacional finalizó con un turno de preguntas abierto a los asistentes, quienes pudieron resolver cuestiones y dudas con los ponentes del acto.