La profesora de Derecho Penal y Compliance de la UIC y coordinadora del posgrado en Compliance y Ciberseguridad, Alejandra Vargas, ha participado como ponente en el Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupción, organizado por la World Compliance Association (WCA) con motivo de su décimo aniversario. El acto se celebró los días 23 y 24 de septiembre en la Cámara de Comercio de Lima (Perú).

El congreso reunió a más de 500 participantes de más de 20 países, así como a expertos internacionales, representantes de organismos públicos y profesionales especializados en cumplimiento normativo, integridad y prevención de la corrupción.

Alejandra Vargas intervino en la ponencia “Compliance público: de la formalidad normativa a la integridad efectiva”, junto con Nelson Shack Yalta, excontralor general de la República del Perú, y Paco Moncayo Gallegos, exalcalde de Quito, en una sesión moderada por Santiago Solines Moreno, presidente del capítulo de Ecuador de la World Compliance Association.

La mesa abordó uno de los principales retos actuales de las políticas anticorrupción: cómo conseguir que la existencia de normas, códigos éticos, planes antifraude y canales de denuncia se traduzca en una cultura de integridad real dentro de las administraciones públicas.

Desde la perspectiva europea y española, Vargas analizó la evolución de los modelos de prevención de la corrupción hacia sistemas basados en la gestión de los riesgos de integridad, en lugar de limitarse a reaccionar ante las irregularidades una vez producidas. En este sentido, destacó la necesidad de identificar las áreas de riesgo más elevado, integrar los controles en la toma ordinaria de decisiones públicas y evaluar si estos mecanismos producen cambios reales en el funcionamiento de las instituciones.

“El verdadero cambio consiste en dejar de gestionar únicamente infracciones y comenzar a gestionar riesgos de integridad”, señaló Vargas durante su intervención.

Otro de los ejes del debate fue el riesgo del denominado checkbox compliance: sistemas formalmente completos, con manuales, protocolos y formación, pero sin una incidencia efectiva en la conducta de la organización. En este contexto, Vargas defendió la necesidad de avanzar hacia indicadores que permitan medir resultados y no solo actividades, analizando, por ejemplo, si la detección de un conflicto de interés ha modificado una decisión, si una alerta ha permitido corregir un procedimiento o si una irregularidad detectada ha provocado la revisión de los controles que habían fallado.

La protección de los informantes constituyó también uno de los puntos centrales de la sesión. A partir de la experiencia de la Unión Europea y de la regulación española, la profesora de la UIC Barcelona subrayó que un canal de denuncias efectivo no puede limitarse a una infraestructura tecnológica, sino que debe ofrecer confidencialidad, independencia en la gestión, protección efectiva frente a represalias y una respuesta adecuada a la persona informante.

La participación de Vargas en este congreso internacional refuerza la presencia de la Facultad de Derecho de UIC Barcelona en el debate académico y profesional sobre los nuevos modelos de cumplimiento normativo e integridad pública, en un momento en que la prevención de la corrupción evoluciona desde un enfoque centrado en el cumplimiento formal de las normas hacia sistemas orientados a la gestión de riesgos y a la efectividad de los controles.